POSICIONAMIENTO DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quiero expresar, en primer lugar, mis condolencias y solidaridad para con las familias de las víctimas mortales de esta tragedia y a todo el pueblo salvadoreño, que durante el fin de semana, nuevamente presenció las dolorosas imágenes del sufrimiento humano, producto de un fenómeno que ha sido causado por la naturaleza, pero que se volvió un desastre, por las condiciones de vulnerabilidad social y ambiental, así como por las consecuencias del cambio climático, con graves impactos en la vida y en los bienes de aquellos que por años han soportado y siguen sufriendo sus efectos.
En nuestro país año con año se producen hechos lamentables a consecuencia de los desastres, los cuales pueden ser previstos o al menos mitigados, pues a lo largo de nuestra historia se han vivido situaciones de similar envergadura –y últimamente con más frecuencia y fuerza-, que además de atentar contra los derechos humanos de la población, la vuelven cada vez más vulnerable, con menor capacidad de reacción ante futuras amenazas y remarcan la situación de pobreza.
De la información que esta Procuraduría ha recabado tanto en las verificaciones como en nuestro monitoreo de prensa, se desprenden cifras alarmantes de víctimas, que según los últimos datos oficiales, ascienden a 130 fallecidos, entre ellos principalmente mujeres, adultos mayores y varios niños y niñas, decenas de desaparecidos, así como 13 mil personas en calidad de damnificadas, y 10,348 personas en albergues cuya responsabilidad prioritaria de protección –así como la de sus bienes- según el mandato constitucional, le corresponde al Estado salvadoreño.
Quiero señalar, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que lo acontecido está relacionado con una política de desarrollo que no toma en cuenta el aspecto humano y el ambiental, y que necesariamente se convierte en causal de nuevas amenazas, nuevos factores de vulnerabilidad y, consecuentemente, de nuevos y mayores riesgos susceptibles de convertirse en desastres. Por ello es necesario, que se comprenda que los desastres son problemas no resueltos del actual “desarrollo”[1], de ahí que las autoridades no sólo tienen la obligación, sino la responsabilidad de cambiar esta concepción y observar la presente problemática desde la perspectiva de la dignidad y los derechos humanos.
Soy de la opinión que una vez ocurrido un desastre, las personas afectadas deben ser protegidas de manera especial contra los peligros de posibles efectos secundarios y otros riesgos. De igual forma, para las personas que se resguardan en albergues, debe tomarse en cuenta que cuanto mayor sea el tiempo que dure su desplazamiento en esos lugares, mayor es su propensión a seguir siendo víctimas de violaciones a derechos humanos, más allá de las que puedan ser producidas durante la etapa de emergencia.
Por lo anterior, considero que las acciones a tomar en la presente situación deben ceñirse a lo contenido en el Marco de Acción de Hyogo y de las Directrices Operacionales del Comité Permanente entre Organismos (IASC) sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de desastres naturales, ambos instrumentos de Naciones Unidas, según los cuales las comunidades afectadas deben ser consultadas de forma significativa y que en la mayor medida posible se les dé la oportunidad de hacerse cargo de sus propios asuntos –sin dejar de lado las responsabilidades estatales-, así como que participen en la planificación y ejecución de las diferentes etapas de la respuesta de desastres; contemplando, además, que las personas afectadas por un desastre, deben tener derecho al fácil acceso de información sobre “(a) la naturaleza y nivel del desastre que enfrentan; (b) las posibles medidas de mitigación de riesgos que pueden adoptarse; (c) información de alerta temprana; e (d) información sobre la asistencia humanitaria en curso, los esfuerzos de recuperación y sus respectivos derechos”.
En lo sucesivo, debe apostarse a la educación y preparación de la población para reaccionar de manera adecuada ante la ocurrencia de una amenaza o desastre inminente, en aras de garantizar la menor cantidad de daños y pérdidas tanto humanas como materiales. Es indispensable para ello, que exista declaraciones de alertas tempranas efectivas, que tal como lo menciona la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (LPCPMD), sean claras, comprensibles y asequibles, así como difundidas por el máximo de medios posibles, de manera inmediata, coherente, oficial o procedente de fuentes autorizadas. En este punto, hay que destacar que actualmente la población salvadoreña en general, desconoce el significado de las alertas, es decir, las implicaciones de acuerdo a cada llamada y las medidas o acciones a adoptar. No servirá de mucho tener llamadas de alerta oportunas, si la población desconoce lo que significa cada una de ellas.
Por otro lado, si bien la noche del día domingo ocho de los corrientes, fue decretado el Estado de Emergencia por el señor Presidente de la República, para que esa declaración cumpla con su fin, deben desarrollarse de inmediato las fases de emergencia o de impacto, de rehabilitación, y de reconstrucción, contemplado de esa forma por el artículo 27 de la LPCPMD. De igual forma, el Ministro de Gobernación debe solicitar de inmediato a la Cartera de Hacienda, que transfiera los recursos financieros necesarios del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) -si hasta el momento no se ha hecho-, para la mejor atención de esta emergencia.
Reconozco la destacada solidaridad mostrada por la población ante las necesidades de las familias afectadas, supliendo en algunos casos –sino en muchos-, la responsabilidad del Sistema Nacional de Protección Civil, dotando a los albergues y evacuando a las personas en riesgo.
A partir de lo anterior, en mi calidad de Procurador para la defensa de los Derechos Humanos concluyo:
Que los hechos recientes del fin de semana, demuestran que países como El Salvador, con altos niveles de personas en situación de pobreza y que está propenso a la ocurrencia de desastres, necesita una mayor atención de las autoridades en materia de preparación, respuesta, recuperación y reducción de riesgos. Es así que aspectos como la prevención –que incluya la preparación de la población y las entidades llamadas a la protección civil-, la gestión adecuada del medio ambiente y el riesgo, el ordenamiento territorial y la mitigación, son fundamentales para la no repetición de tragedias como la aquí descrita y para la consecución de una verdadera e integral protección de los derechos a la vida, la seguridad, la integridad física y la dignidad de la población salvadoreña, principalmente de los sectores más vulnerables.
En atención a ello, queda clara la necesidad de que, a partir de esta lamentable situación, se establezcan mecanismos de seguimiento, puntos de referencia e indicadores, para analizar las falencias y errores cometidos por el Sistema de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y sus integrantes, apostándole a la prevención, como factor más importante, para la gestión del riesgo de desastres; así como a la actuación oportuna y efectiva una vez ocurridos.
Y por tanto, recomiendo:
Al Presidente de la República de El Salvador Sr. Carlos Mauricio Funes Cartagena
a) Que es necesario que se haga un análisis exhaustivo sobre la organización, capacidades humanas, presupuestarias y de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, ya que ante la presente situación de emergencia nacional, al igual que las ocurridas en años anteriores, nuevamente se demostró la falta de un actuar oportuno, eficaz y coordinado entre las diferentes instituciones que conforman dicho Sistema; por lo que de inmediato debe redoblarse esfuerzos para fortalecerlo, partiendo básicamente de un análisis multidisciplinar de la gestión del riesgo y tomando seriamente en consideración las condiciones de vulnerabilidad del territorio, agravada en los últimos años por la falta de una gestión ecológica del riesgo y por los efectos del cambio climático.
b) Que a la brevedad posible, requiera que se proceda a la creación e implementación de una política de prevención del riesgo, cuyo objetivo se centre en la protección de la persona humana, de su vida e integridad, así como de sus bienes materiales.
A las autoridades y organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres:
a) Que de forma inmediata realicen una evaluación y análisis sobre las actuales medidas de prevención y mitigación de los riesgos y en la atención en la emergencia, ya que de acuerdo a la presente experiencia, quedó demostrado la falta de preparación y reacción, y es preponderante que en lo sucesivo las medidas adoptadas sean efectivas y oportunas, dirigidas especialmente a evitar los desastres, salvaguardar las vidas y los bienes de las poblaciones, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad, para conseguir dotar a la estructura de protección civil y a la población en general, de las capacidades necesarias para controlar y reducir el riesgo, mediante acciones sistemáticas y organizadas.
A los Alcaldías Municipales:
a) Que de forma prioritaria y ante las situaciones de emergencia, articulen efectivamente esfuerzos con el Gobierno Central, e incrementen los componentes de la comunicación, la capacitación y la organización local para la gestión de riesgos y emergencias, asimismo, que ejecuten, de manera armónica e integral, los planes de prevención, mitigación y de emergencia en favor de la vida, seguridad e integridad de sus habitantes, como parte de sus obligaciones.
Notifíquese.
San Salvador, 9 de noviembre de 2009.
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
[1] Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC). Gestión del Riesgo de Desastres Hoy: Contextos globales, herramientas locales, 2008, capítulo 7, página 98. Ver en la edición electrónica: http://www.eird.org/gestion-del-riesgo/index.html
Ante la emergencia nacional, decretada por los desastres ocasionados por las lluvias el pasado fin de semana, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) manifestó en una conferencia de prensa realizada el martes 10 de noviembre de 2009 su indignación ante lo sucedido y se solidarizó con los afectados. 
Por decisión unánime, la Asamblea Legislativa aprobó ayer un Decreto de Estado de calamidad pública y desastre y estado de emergencia en todo el país. Tras los daños generados por las intensas lluvias que dejó a su paso el Huracán Ida. Este decreto permite al gobierno hacer uso de los recursos necesarios para atender la emergencia que hasta el día de ahora sumaba 134 fallecidos y cientos de desaparecidos.